Asamblea Legislativa – Daniel Calvo
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El aluvión de críticas externadas en los últimos días por parte de algunos medios de prensa, en redes sociales prácticamente de modo generalizado y de parte de diputados entrantes, sobre la otorgación de 223 millones de colones al ex atleta Jonathan Mauri, luego de un fallo emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, debería servir para la reflexión.

 

En primer lugar, debido a la incomprensión de la situación demostrada en las declaraciones de muchos de sus críticos, quienes irresponsablemente en su labor de control político, ahora resulta quieren se investigue hasta las razones de un fallo judicial, – los cuales en un Estado de Derecho deben ser acatados por más que no se compartan–, solo por hacer más grande el asunto y aprovechar para golpear al partido de gobierno.

 

En segundo término, porque una vez más desde Cuesta de Moras se le pretende endosar una vez más el costo político de una decisión a todas luces impopular exclusivamente al Poder Judicial, sin detenerse a reflexionar verdaderamente sobre las razones que originaron este amargo capítulo y que incomodan todavía más en tiempos que se exige contención del gasto por parte del Estado.

 

Las razones del pecado original. Desde hace muchos años la Asamblea Legislativa quizás por su debilidad, se convirtió en la caja de resonancia de la prensa, cuando debería ser al contrario. Hoy los titulares en prensa definen las audiencias de la Comisión de Ingreso y Gasto, la creación de comisiones especiales de investigación y hasta la iniciativa temática de la redacción de proyectos de ley.

 

Los diputados siguen siendo evaluados al final de sus períodos por la cantidad de proyectos de ley presentados, leyes aprobadas y no por las derogadas que tanto bien le haría a la maraña asfixiante que tenemos por ordenamiento legal. Bajo estos criterios como diría Alberto Cañas “…la Asamblea Legislativa cada treinta de abril se ufana de que esta vez pasamos quince, dieciocho o ciento treinta y siete leyes, y presentan como gran realización la cantidad, nunca la calidad de las leyes, y dicen: ¡Vean la cantidad de leyes que aprobamos! Sí, pero hay que ver la cantidad de disparates que salen aquí convertidos en ley.”

 

Disparates legislativos. El mejor ejemplo de los disparates que se aprueban en la Asamblea Legislativa fue la Ley 7703 “Creación del Premio Nacional Deportivo Claudia Poll”, aprobada en 1997 meses después de que la ondina declarada también “Ciudadana de Honor” por la Asamblea Legislativa, logrará la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y que establecía en el inciso c) de su artículo 3, una suma en efectivo equivalente a cien salarios mínimos del puesto de Director del Servicio Civil. Afortunadamente derogada en 2014.

 

No obstante, los ejemplos de disparates de proyectos de ley presentados al calor de una coyuntura particular no quedan ahí, sobran los ejemplos deportivos como los expedientes 19.195 “Otorgar la ciudadanía honorífica al señor Jorge Luis Pinto Afanador” y el 19.176 “Declárase el 20 de junio, día nacional del fútbol” y ni qué decir de los reiterativos proyectos de ley solicitando incrementar las penas de los delitos mediáticos del momento.

 

Responsabilidad presupuestaria. El problema sin embargo, no solo es temático es también presupuestario, es imposible continuar con la irresponsable práctica de aprobar leyes que amplían las competencias del Estado, por la vía del reconocimiento de derechos ciudadanos o la asignación de nuevas obligaciones al aparato institucional, sin proveer los recursos necesarios para cumplir con esos mandatos, denominada “promesa democrática” por el Informe del Estado de la Nación.

 

De ahí que varios diputados como Fernando Sánchez (Expediente 17.068.) y Paulina Ramírez (Expediente 19.144), en distintas administraciones, han presentado en el pasado una reforma al reglamento legislativo que lastimosamente sigue sin ser aprobada, para incluir el principio de responsabilidad presupuestaria a la hora de presentar nuevos proyectos de ley, para establecer como requisito de admisibilidad que los proyectos de ley señalen de donde pretenden salir los recursos para la consecución de lo planteado.

 

Conclusión. Los nuevos diputados en lugar de criticar a Jonathan Mauri, ojalá comprendan los peligros de legislar al calor de una coyuntura y la importancia de introducir el principio de responsabilidad presupuestaria, ahora que tanto se habla de reformar el reglamento legislativo como es común al inicio de cada administración.

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  Etiqueta: Asamblea Legislativa

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