Los primeros 100 días del PAC: el trueno que aún no llega. – Daniel Calvo
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Por: Constantino Urcuyo. / Abogado & Politólogo.

El debate sobre la reforma política se desarrolla en varios campos de batalla. Por una parte los diagnósticos, pills
que siempre son necesarios. Por otra, las propuestas que ponen en confrontación dimensiones subjetivas y objetivas de la acción política.

Desde hace varios lustros se habla de ingobernabilidad y se empezó definiéndola desde una hipótesis infantil. La sociedad es rebelde y no obedece al pater familias. Esta visión abre el espacio para soluciones autoritarias desde el Ejecutivo, con mano dura sobre los ciudadanos niños se soluciona el problema.

También ocupó espacio la hipótesis antipolítica: todos los problemas se originaban en el bipartidismo; pero, desaparecido este, por sus propios errores, los problemas han continuado.

También ha bailado en el escenario la explicación que centra todo el problema en la creación de derechos sin contenido y la consiguiente frustración ciudadana que esto provoca, como si la distancia entre promesas, aspiraciones y realizaciones fuese algo nuevo en nuestra historia.

Surge también la explicación satanizante, la culpa la tiene una perversa clase política, de vagabundos y ladrones, que impide que las fuerzas puras y sabias del país se expresen. Aquí nos quedan debiendo los criterios y mecanismos para separar y seleccionar los malos de los buenos.

También está la explicación centrada en la mala calidad de dirigentes políticos y de gerentes públicos, que supone, de manera aristocratizante, que el problema radica en la ausencia de tecnócratas, provenientes de las escuelas de negocios y de politología, carecemos de buenos gerentes y por eso las cosas no caminan.

También se ha acudido a explicar el problema como exceso de intervención estatal (burocratización), o la más política explicación de una inadecuada respuesta frente a las necesidades de la ciudadanía.

A lo largo de este periodo de tropiezos del proceso político, iniciado a finales de la década de los años noventa, se ha culpado a la sociedad, a la burocracia, a la clase política, y se ha trabajado con definiciones difusas u oscuras del problema de la gobernabilidad.

Algunos ven la tarea de gobernar como un asunto desde arriba, no nos dejan gobernar una vez que nos eligen. Otros pretenden la democracia directa todos los días y a todas horas, trasladando el Ágora griega a la manifestación callejera y brincándose el concepto de representación.

Lo cierto es que no se puede enfocar el problema de gobernar si no se parte de ambas realidades. No se puede gobernar sin representantes, y la tarea del Gobierno también debe asumir el autogobierno ciudadano, particularmente importante en una época en que la sociedad de la información ha dado la palabra a la ciudadanía para que se exprese por los medios más diversos.

Gobernar es el camino conjunto y continuo que recorren el Estado y la sociedad, no solo una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.

Gobernar implica mejorar la representación electoral y abrir las puertas del sistema político para una mayor participación ciudadana en los periodos interelectorales.

Llevar a los políticos a escuelitas de moralina no resuelve el problema, aunque la ciudadanía debe estar siempre atenta para exigir honestidad en el manejo de los dineros públicos y respeto a los principios democráticos de división de poderes.

Satanizar el oficio de político no resuelve nada, pues tras el desplazamiento de algunos siempre vendrán otros que seguirán pecando, si el sistema institucional no establece frenos objetivos para impedirlo y para promover políticas públicas eficaces y eficientes.

La antipolítica no es sino otra forma de hacer política, y hasta más perversa, pues oculta las mismas desviaciones que pretende erradicar.

La reforma política tiene que dirigirse a modificar el diseño institucional, pues las instituciones, las reglas del juego se transforman en el marco que condiciona la acción de los actores sociales y políticos (agentes).

La estructura institucional no surge del vacío, ni funciona en este, lo condiciona, pero no lo determina. Los actores políticos se ven constreñidos por esta, pero pueden modificar su trayectoria, cambio este que los termina transformando a ellos también.

No es posible mejorar de gobernabilidad si no se actúa sobre la dinámica de la relación entre poderes del Estado. El principio del equilibrio de poderes debe ser reformulado en un nuevo contexto sociopolítico y es imperativo introducir un sistema electoral que produzca mayorías y no fragmentación.

Las reformas deben poner un muro de contención al proceso de judicialización de la política y establecer mecanismos de relación entre el Estado y la sociedad civil, más allá del acto electoral cuatrienal.

La desburocratización del aparato del Estado es un proceso ineludible si queremos acabar con la tramitomanía.

El cambio de la arquitectura institucional no agota todos los caminos. El comportamiento de los actores políticos es un factor clave en estas transformaciones y la ciudadanía debe exigir programas y visiones de mediano y largo plazo en el debate público, más allá del simplismo de las campañas electorales.

La lucha por la reforma política pasa también por el campo de la cultura política, de la discusión sobre principios y valores que organicen nuestra convivencia. La discusión de las rutas para llegar a esas nuevas metas también es parte del proceso.

La deliberación sobre los cambios necesarios pone sobre el tapete la responsabilidad de sectores de los medios, usualmente más interesados por la espectacularidad, el inmediatismo y el regaño que por los problemas de fondo.

Sin embargo, la responsabilidad más grande corresponde a los actores políticos, pues las reformas institucionales las formulan y aprueban quienes gozan de poder en el aparato formal del Estado.

La rendición de cuentas es su deber, pero también deben tomar en cuenta que si las reformas no se hacen el sistema continuará aceleradamente por la pendiente y los puntos de ruptura se presentarán con graves consecuencias para todos.

Fuente: El Financiero.

Por: Constantino Urcuyo. / Abogado & Politólogo.

El debate sobre la reforma política se desarrolla en varios campos de batalla. Por una parte los diagnósticos, troche
que siempre son necesarios. Por otra, cialis las propuestas que ponen en confrontación dimensiones subjetivas y objetivas de la acción política.

Desde hace varios lustros se habla de ingobernabilidad y se empezó definiéndola desde una hipótesis infantil. La sociedad es rebelde y no obedece al pater familias. Esta visión abre el espacio para soluciones autoritarias desde el Ejecutivo, for sale con mano dura sobre los ciudadanos niños se soluciona el problema.

También ocupó espacio la hipótesis antipolítica: todos los problemas se originaban en el bipartidismo; pero, desaparecido este, por sus propios errores, los problemas han continuado.

También ha bailado en el escenario la explicación que centra todo el problema en la creación de derechos sin contenido y la consiguiente frustración ciudadana que esto provoca, como si la distancia entre promesas, aspiraciones y realizaciones fuese algo nuevo en nuestra historia.

Surge también la explicación satanizante, la culpa la tiene una perversa clase política, de vagabundos y ladrones, que impide que las fuerzas puras y sabias del país se expresen. Aquí nos quedan debiendo los criterios y mecanismos para separar y seleccionar los malos de los buenos.

También está la explicación centrada en la mala calidad de dirigentes políticos y de gerentes públicos, que supone, de manera aristocratizante, que el problema radica en la ausencia de tecnócratas, provenientes de las escuelas de negocios y de politología, carecemos de buenos gerentes y por eso las cosas no caminan.

También se ha acudido a explicar el problema como exceso de intervención estatal (burocratización), o la más política explicación de una inadecuada respuesta frente a las necesidades de la ciudadanía.

A lo largo de este periodo de tropiezos del proceso político, iniciado a finales de la década de los años noventa, se ha culpado a la sociedad, a la burocracia, a la clase política, y se ha trabajado con definiciones difusas u oscuras del problema de la gobernabilidad.

Algunos ven la tarea de gobernar como un asunto desde arriba, no nos dejan gobernar una vez que nos eligen. Otros pretenden la democracia directa todos los días y a todas horas, trasladando el Ágora griega a la manifestación callejera y brincándose el concepto de representación.

Lo cierto es que no se puede enfocar el problema de gobernar si no se parte de ambas realidades. No se puede gobernar sin representantes, y la tarea del Gobierno también debe asumir el autogobierno ciudadano, particularmente importante en una época en que la sociedad de la información ha dado la palabra a la ciudadanía para que se exprese por los medios más diversos.

Gobernar es el camino conjunto y continuo que recorren el Estado y la sociedad, no solo una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.

Gobernar implica mejorar la representación electoral y abrir las puertas del sistema político para una mayor participación ciudadana en los periodos interelectorales.

Llevar a los políticos a escuelitas de moralina no resuelve el problema, aunque la ciudadanía debe estar siempre atenta para exigir honestidad en el manejo de los dineros públicos y respeto a los principios democráticos de división de poderes.

Satanizar el oficio de político no resuelve nada, pues tras el desplazamiento de algunos siempre vendrán otros que seguirán pecando, si el sistema institucional no establece frenos objetivos para impedirlo y para promover políticas públicas eficaces y eficientes.

La antipolítica no es sino otra forma de hacer política, y hasta más perversa, pues oculta las mismas desviaciones que pretende erradicar.

La reforma política tiene que dirigirse a modificar el diseño institucional, pues las instituciones, las reglas del juego se transforman en el marco que condiciona la acción de los actores sociales y políticos (agentes).

La estructura institucional no surge del vacío, ni funciona en este, lo condiciona, pero no lo determina. Los actores políticos se ven constreñidos por esta, pero pueden modificar su trayectoria, cambio este que los termina transformando a ellos también.

No es posible mejorar de gobernabilidad si no se actúa sobre la dinámica de la relación entre poderes del Estado. El principio del equilibrio de poderes debe ser reformulado en un nuevo contexto sociopolítico y es imperativo introducir un sistema electoral que produzca mayorías y no fragmentación.

Las reformas deben poner un muro de contención al proceso de judicialización de la política y establecer mecanismos de relación entre el Estado y la sociedad civil, más allá del acto electoral cuatrienal.

La desburocratización del aparato del Estado es un proceso ineludible si queremos acabar con la tramitomanía.

El cambio de la arquitectura institucional no agota todos los caminos. El comportamiento de los actores políticos es un factor clave en estas transformaciones y la ciudadanía debe exigir programas y visiones de mediano y largo plazo en el debate público, más allá del simplismo de las campañas electorales.

La lucha por la reforma política pasa también por el campo de la cultura política, de la discusión sobre principios y valores que organicen nuestra convivencia. La discusión de las rutas para llegar a esas nuevas metas también es parte del proceso.

La deliberación sobre los cambios necesarios pone sobre el tapete la responsabilidad de sectores de los medios, usualmente más interesados por la espectacularidad, el inmediatismo y el regaño que por los problemas de fondo.

Sin embargo, la responsabilidad más grande corresponde a los actores políticos, pues las reformas institucionales las formulan y aprueban quienes gozan de poder en el aparato formal del Estado.

La rendición de cuentas es su deber, pero también deben tomar en cuenta que si las reformas no se hacen el sistema continuará aceleradamente por la pendiente y los puntos de ruptura se presentarán con graves consecuencias para todos.

Fuente: El Financiero.

Pero las luces de alerta todavía no se encienden para todos.

“Pese al impacto que tiene no haber cumplido varias de esas promesas,
el Gobierno no ha cometido ningún ‘pecado mortal’; se pueden atribuir a problemas de arranque naturales”
, opinó el analista Constantino Urcuyo.

También sería atribuible a esa problemática el hecho de que el Ejecutivo aún no cuente con una estrategia para comunicar sus acciones y objetivos, como lo reconoció a EF el ministro Melvin Jiménez.

El jerarca no considera esa carencia como delicada, empero, el politólogo liberacionista Daniel Calvo incluyó la falencia en la lista de temas urgentes de resolver pues la interpreta como un síntoma de falta de claridad en los objetivos de la Presidencia.

“Ha habido mucha descoordinación. Eso afecta el diálogo que se había catalogado como prioritario”, opinó Juan Ramón Rivera, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

Ver el artículo completo en: El Financiero Edición 984.

Para el politólogo Daniel Calvo, link
desde su curul y desde el espacio político que aún ostenta dentro de las filas y la Asamblea partidaria, unhealthy Ottón Solís ha fungido como un elemento que señala públicamente lo que considera cualquier “desviación” de los principios rojiamarillos.

“Ottón (Solís) ha ido agarrando prácticamente en estos 100 días uno a uno a los hombres más cercanos al Presidente y los ha ido golpeando”, aseguró Calvo.

Ver el artículo completo en: El Semanario Universidad Edición 2051.

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