Reformas Electorales: Verdades a medias. – Daniel Calvo
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En un coqueto artículo, el periodista convertido hoy en analista político Mario Bermúdez, habla con toda autoridad y sin el menor de los aspavientos sobre “La inaudita reforma del PLN para (no) reducir la deuda política”, lo que nos obliga a señalarle algunas imprecisiones.

Cito textualmente algunos extractos del artículo supra citado, agregando algunos comentarios que mucho pudieran servirle a Don Mario y el resto de lectores, para aclarar algunos puntos que encontrarían si leyeran todo el articulado de la reforma (Expediente 18851) y no se dejaran guiar únicamente por lo que reseñan los medios de prensa.

“…plantea una reducción tramposa (pide pasar del 0,19% del PIB a un 0,11%, pero es solo un transitorio; es decir, únicamente funcionaría para limitarlo al 2014.” Efectivamente así es, se trata solo de un transitorio, al igual que la propuesta de la diputada Jeannette Ruiz Delgado (Expediente 18357), el cual da la casualidad el hoy analista no ataca, ni tilda de tramposa también por ser solo un transitorio. Sí se quisiera ir más allá, estaríamos obligados a reformar el ordinal 96 de la Constitución Política.

“…plantea que las personas jurídicas puedan realizar contribuciones a los partidos.” Este ha sido prácticamente el titular de todos los medios de comunicación sobre la reforma, quienes sin profundizar quizás adrede han olvidado reseñar, que el artículo 128 de esta reforma  establece que son solo las personas jurídicas costarricenses las que se están habilitando y no podrán hacer contribuciones en dineros en efectivo sino únicamente en especie.

Lo anterior se complementa, con el artículo 130 que curiosamente los medios omiten en sus notas , donde se establece un control y tope, exigiendo a quienes ocupen las tesorerías de partidos políticos presentar al TSE todas las contribuciones anuales en especie que superen el monto de seis salarios.

Hoy con el actual código electoral, tenemos prohibiciones tan absurdas como no poder prestar el carro o un local si estas pertenecen a una sociedad anónima y por tal ridiculez tenemos a fiscales o miembros de comités ejecutivos, sometidos al escarnio e inclusive hasta procesos judiciales de retiro de credenciales.

“…en lugar de buscar la transparencia, podría fomentar la dificultad en encontrar quién es el que contribuye con los partidos, de disimular influencias y poner en la sombra los aportes particulares que favorecerían las diferentes candidaturas.” El tema de habilitar a las personas jurídicas NACIONALES, tiene escandalizado a más de uno y nos está conduciendo a un debate que versa sobre el poder hacer y no sobre el cómo, recibir este tipo de donaciones no es algo negativo si se realizan de forma transparente, mediante adecuados mecanismos de control, como el que se establece en el artículo 133 de la propuesta, que indica que cuando se trate de una persona jurídica se aportará certificación de su nacionalidad emitida por el Registro Nacional o por un notario público.

Realmente no parece que el objetivo de estos ataques sea velar por la transparencia, más bien se trata simplemente de utilizar esta u otras reformas para arrearle a las fuerzas políticas que la proponen, si se quisiera transparencia, tan simple como mocionar la misma para profundizar en los controles. Ejemplo: Exigiendo una certificación notarial con vista en el registro de accionistas, en la cual se indique quienes son los socios participantes en dicha empresa, como requisito para recibir contribuciones por medio de personas jurídicas. Incluso, si dentro del capital accionario de la empresa postulante figura otra persona jurídica, presentar obligatoriamente una certificación del capital accionario de esa otra empresa, hasta dar con los socios que la integran, de la misma forma que sus Juntas Directivas.

“El proyecto 8.765 presentado ante la Asamblea se promociona como una reducción de la deuda política, que además incrementa el financiamiento anticipado del 15 al 50% y autoriza que se reconozcan como gastos deducibles del impuesto de la renta donaciones equivalentes a diez salarios base.” En primer lugar, parece que Don Mario no tiene conocimiento del expediente sobre el cual valientemente opina, ya que el expediente 8.765 se refiere a la “Comisión Especial Investigadora de la denuncia de persecución laboral en el INVU y procedimiento de entrega de viviendas en dicha institución” y en caso que se tratará de una pifia del teclado y quisiera referirse al 18.765 este versa sobre la “Reforma al artículo 28 de la ley forestal”.

Por otra parte, en lo que sí lleva razón es que la propuesta del PLN se promociona con las propuestas a las que hace alusión, las cuales recoge del Expediente 18.739, propuesto por el propio Tribunal Supremo de Elecciones.

Un dato de los más curiosos de este artículo y prácticamente todas las notas de prensa que han desinformado sobre esta propuesta, es que ninguno habla de la propuesta de establecer la colaboración del TSE a los partidos políticos en caso que la requieran para la tramitación de las liquidaciones, esto porque, muchas agrupaciones en ocasiones encuentran enormes dificultades en dicho proceso, tanto en su tramitación como para hacerle frente a los altos costos que los servicios contables privados representan para sus finanzas.

Don Mario, su artículo “…es más un intento de obtener ventaja de quienes no leen las propuestas.” y se dejan guiar solo por lo que informa la prensa. En la vida pero sobre todo en política, es prudente informarse antes de opinar, proponer antes que criticar.

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